Un nuevo criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado aplicando desde finales del año pasado podría poner en riesgo cerca de 2 mil juicios que se están llevando a cabo, de lo cual se podrían servir varios políticos acusados de desvío de recursos como Andrés Granier o Javier Duarte.
Resulta que la SCJN considera que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito viola los derechos humanos de quienes están siendo investigados. Esta ley establece que en juicios penales se pueden hacer excepciones del secreto bancario, permitiendo a las autoridades acceder a los estados de cuenta de los acusados sin una orden judicial.
Esta excepción también aplica para casos administrativos en los que estén implicados funcionarios públicos, como es el caso de los exgobernadores de Tabasco, Sonora –Guillermo Padrés– y de Veracruz. Sin embargo, desde noviembre de 2017, la Suprema Corte ha declarado como inconstitucional este artículo.
El motivo que la SCJN da para aplicar este criterio es que el secreto bancario forma parte de la vida privada de las personas que no está contemplada en las excepciones de los artículos 16 y 21 de la Carta Magna, por lo que esta información no puede ser otorgada a menos que exista una orden firmada por un juez.
El pasado 3 de abril, un juez federal desestimó un caso en el que estaba implicado Emir Garduño, quien se hizo famoso en las redes con el sobrenombre de #LordRollsRoyce debido a que la acusación se realizó bajo evidencia provista por el artículo 142, por lo que declaró el caso una violación a su vida privada.
De continuar aplicándose este criterio, más de 2 mil juicios, en los cuales se calcula se perdieron alrededor de 44 mil millones de pesos en daños, incluyendo los casos de Andrés y Fabián Granier, Guillermo Padrés y Javier Duarte.
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