El proceso de desafuero contra Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, podría definirse antes de que finalice julio. Así lo informó el diputado de Morena Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, quien confirmó que ya se recibió respuesta de la Fiscalía de Campeche, solicitada para conocer avances en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“Ya contestaron algunas preguntas específicas que se les habían hecho”, declaró el legislador, señalando que con esta información se convocará a una sesión con los integrantes de la Sección Instructora, donde Morena tiene mayoría, para comenzar a trabajar en el dictamen.
Morena niega represalias tras el rechazo del PRI
Este anuncio se da tras el periodo extraordinario en el que el PRI, liderado por Moreno, votó en contra de varias reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Flores negó que se trate de un acto de represalia política.
“Seguramente dirán que es político, pero queremos dejar eso fuera. No tiene nada que ver con sus votos en contra”, enfatizó el morenista, quien también evitó opinar sobre el amparo que Alito Moreno obtuvo en julio de 2024 contra la solicitud de desafuero.
Las razones detrás del desafuero de Alito Moreno
La Fiscalía General de Campeche solicitó el desafuero de Alito Moreno en 2022, señalando una posible desproporción entre sus ingresos y patrimonio. Según datos oficiales, en 2023 Moreno ganaba 75 mil pesos mensuales como diputado, pero declaró ser dueño de dos casas, 11 terrenos y al menos 5 vehículos, con un valor estimado superior a 12.9 millones de pesos.
En su actual posición como senador, su salario asciende a más de 120 mil pesos mensuales, además de recibir alrededor de 100 mil pesos mensuales como presidente del PRI.
Próximos pasos en el Congreso
Con la respuesta de la fiscalía en mano, se prevé que en las próximas semanas la Sección Instructora del Congreso determine si se procede o no con el retiro del fuero. El caso genera gran expectativa política, ya que podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de altos cargos partidistas.
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