La iglesia católica es uno de los nuevos aliados de ciertos sectores de la derecha que han atacado el Plan Económico del gobierno mexicano y buscan frenar la creación de millones de empleos, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exhortó tanto al gobierno federal, como a los estatales y municipales, a suspender sus grandes obras públicas ante la pandemia.
Esto se suma a la presión de figuras políticas de oposición y algunos empresarios, que piden posponer proyectos estratégicos como el Aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, a pesar de las miles de fuentes de empleo que generan.
Cabe recordar que la creación de dos millones de empleos en nueve meses que prometió López Obrador son el eje transversal de su plan económico, pues dichas fuentes laborales germinarán de la mano de dichos proyectos prioritarios, sumados a la inversión de 25 mil millones de pesos en infraestructura para agua potable y drenaje, la construcción de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios, la ampliación del Programa Sembrando Vida para campesinos, la entrega de apoyos directos a 190 mil pescadores, además de la contratación de 45 mil profesionales médicos y de enfermería.
De esta manera, la petición del CEM coincide con la de algunos gobernadores de partidos de oposición y líderes empresariales, quienes en lugar de priorizar a los sectores más vulnerables exigen liquidez a costa del endeudamiento del país y rescate al estilo del Fobaproa.
“Pedimos un gran acuerdo nacional, donde se instale un consejo nacional para la recuperación y en los estados, donde participen gobierno, sector productivo, sociedad civil y academia”, expresó José López Campos, presidente de Concanaco-Servitur, en inconformidad con los apoyos que se han otorgado a las micro y pequeñas empresas.
Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, ha reiterado que el Gobierno debe cancelar sus obras emblemáticas y que “el país requiere transitar a un gran acuerdo nacional para superar los daños personales y económicos derivados de la epidemia.”
Como ya habría reportado anteriormente este medio, el concepto de “pacto de unidad” exigido por actores de la oposición, ahora apoyados por la iglesia católica, resulta especialmente sospechoso ante el referente del “Pacto por México”, donde todos los partidos políticos de aquel entonces se unieron para dar paso a las reformas de Enrique Peña Nieto, lo cual tuvo consecuencias sociales y económicas catastróficas.
Entre los principales efectos de dicho “pacto” destacan la desmantelación de la industria energética, aumentando el precio de los combustibles; la convulsión del sector magisterial ante una reforma educativa excluyente que, además, buscaba prácticamente privatizar la educación; y la crisis de empleo, como reveló un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el que se muestra que, en el cuarto trimestre de 2017, el 41% de la población recibió un ingreso laboral inferior al costo de una canasta alimentaria.