El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de más de 50 políticos mexicanos, en una medida que ha generado preocupación en la clase política nacional. Según confirmaron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters, la decisión forma parte de una estrategia impulsada por Donald Trump para presionar a autoridades presuntamente vinculadas con el narcotráfico.
¿Por qué EE.UU. revoca visas a políticos mexicanos?
La revocación de visas busca enviar un mensaje contundente en medio de la creciente tensión bilateral. Funcionarios estadounidenses aseguran que la administración de Trump está empleando herramientas diplomáticas como castigo político y como parte de una nueva fase de su estrategia de seguridad regional.
Tony Wayne, exembajador de EE.UU. en México, afirmó que “la administración Trump ha encontrado nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”. La acción, aunque similar a decisiones tomadas por gobiernos anteriores, no tiene precedentes por su escala y sincronización.
Una estrategia política disfrazada de diplomacia
Los expertos interpretan esta decisión como un movimiento geopolítico de presión. Trump estaría utilizando la política migratoria y de seguridad como instrumentos para condicionar la cooperación mexicana en temas de narcotráfico, comercio y fronteras.
El alcance real de las cancelaciones
Aunque se han confirmado pocos casos públicamente, fuentes mexicanas indican que más de 50 integrantes de Morena y otros partidos han sido afectados. Solo cuatro funcionarios han reconocido abiertamente la revocación de sus visas, lo que alimenta la incertidumbre dentro del gobierno mexicano.
¿Qué dice la ley estadounidense sobre estas revocaciones?
De acuerdo con la legislación de Estados Unidos, el Departamento de Estado puede revocar visas en cualquier momento por motivos de “actividades contrarias al interés nacional”. Entre las causas más comunes se encuentran corrupción, espionaje, narcotráfico o facilitación de migración irregular.
Sin obligación de dar explicaciones
Washington no está obligado a informar a México ni a los afectados sobre los motivos específicos de la decisión. Un alto funcionario estadounidense explicó que “las visas pueden ser canceladas sin previo aviso y sin requerir pruebas judiciales”.
La reacción del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró no tener información oficial sobre las revocaciones, señalando que Estados Unidos no suele notificar a las autoridades mexicanas, al tratarse de información considerada “personal”.
¿Qué países de Latinoamérica enfrentan medidas similares?
Estados Unidos ha aplicado acciones diplomáticas parecidas en Colombia, Brasil y Costa Rica, dirigidas a figuras políticas y empresarios bajo sospecha de actividades ilícitas. En México, el momento elegido coincide con negociaciones clave en materia de seguridad y comercio, lo que sugiere un mensaje de presión política.
La lucha contra los cárteles y la inteligencia de la DEA
Una fuente cercana al Departamento de Estado reveló que estas revocaciones están vinculadas a nuevas designaciones de cárteles como organizaciones terroristas, lo que incrementa la influencia de la DEA en decisiones diplomáticas.
Roberta Jacobson, exembajadora en México, señaló que “anteriormente las cancelaciones solo se aplicaban tras procesos penales o condenas formales”, advirtiendo que ahora podrían usarse con fines preventivos o políticos.
Las posibles consecuencias para la relación bilateral
El exembajador John Feeley advirtió que estas medidas podrían tensar la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, al ser percibidas como una intervención directa en la política interna mexicana.
Un costo político para Sheinbaum
Según Feeley, “la presidenta Sheinbaum considera que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto”. Aun así, su gobierno busca mantener la cooperación bilateral sin comprometer la soberanía nacional ni la estabilidad interna.
Un movimiento de alto riesgo político
La decisión de EE.UU. revoca visas a políticos mexicanos no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino también simbólicas: marca el regreso de una política exterior coercitiva. Esta estrategia podría redefinir el equilibrio de poder en la región, especialmente si se confirma que algunas cancelaciones obedecen a motivos políticos más que judiciales.
En este contexto, la medida se interpreta como un recordatorio de la influencia estadounidense en América Latina, y una advertencia para gobiernos que no se alineen plenamente con su política de seguridad.
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