Con la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, México debe prepararse para un aumento en las deportaciones de ciudadanos mexicanos, una de las promesas de campaña del expresidente. José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante Tijuana, hace un llamado al gobierno federal para restaurar los programas de apoyo económico a las organizaciones civiles que se eliminaron en la administración anterior. Estos programas, asegura, serán cruciales para atender la crisis migratoria que podría intensificarse en los próximos años.
La necesidad de reactivar programas de apoyo para migrantes
García Lara urge a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión a restablecer los recursos necesarios para las asociaciones civiles que trabajan en la atención de migrantes en México. Entre 2021 y 2023, la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó que 237,954 mexicanos fueron repatriados, con un notable flujo hacia Baja California. La situación actual, combinada con la posibilidad de que Trump retome una política migratoria restrictiva, exige un apoyo sólido para evitar un colapso en la atención de los migrantes deportados.
Las asociaciones civiles en las zonas fronterizas de México, como Tijuana y Ciudad Juárez, desempeñan un papel crucial en la integración y el apoyo de quienes llegan desde Estados Unidos tras ser deportados. Sin embargo, estos albergues y programas han sufrido recortes, lo que los ha dejado con pocos recursos para enfrentar un aumento en el flujo de deportados. Según García Lara, sin el respaldo económico del gobierno, atender esta problemática será mucho más complicado.
Preocupación por la eliminación de CBP One y posibles deportaciones masivas
Uno de los principales temores de los activistas es que Trump elimine la plataforma CBP One, una herramienta digital implementada por la administración de Joe Biden para agilizar los trámites de asilo. Esta plataforma permite a los migrantes iniciar su solicitud humanitaria desde sus dispositivos móviles, un recurso que ha sido clave para reducir el flujo de personas en la frontera y garantizar procesos de asilo ordenados. De eliminarse, México se enfrentaría a un número significativo de migrantes que verían limitada su capacidad para solicitar protección en Estados Unidos, lo cual podría generar una crisis migratoria en suelo mexicano.
José María García Lara y otros defensores de derechos humanos enfatizan la necesidad de proteger a los migrantes mexicanos, no solo en la frontera norte, sino en todo el país. La comunidad activista teme que, con la reelección de Trump, las deportaciones se incrementen y México se convierta en un destino obligado para decenas de miles de personas en busca de un nuevo comienzo. La reactivación de los programas de apoyo se presenta entonces no solo como una solución temporal, sino como una medida de largo plazo para atender una problemática que afecta a miles de familias.
