Ministra SCJN: Equilibrio Salarial en la Judicatura Mexicana
La ministra Lenia Batres Guadarrama, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha desencadenado un hito al solicitar formalmente igualdad salarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un paso audaz y sin precedentes, la ministra Batres Guadarrama utilizó su plataforma en redes sociales para hacer pública la solicitud presentada el 29 de diciembre a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández. En el documento, enfatiza la necesidad de alinearse con el artículo 127 de la Constitución Mexicana, que regula las percepciones económicas de los funcionarios públicos, estableciendo que estos no deben ganar más que el presidente.
El presidente López Obrador tiene asignado un salario bruto mensual de 186,093 pesos para el presente año, mientras que los ministros de la SCJN venían percibiendo hasta el año pasado un salario neto mensual de 206,948 pesos, libres de impuestos.
Repercusiones y Demandas: Un Giro en la Política Salarial
La solicitud de la ministra Batres va más allá del salario, ya que también pide sus prestaciones, siguiendo las directrices establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. En un gesto significativo, excluye ciertos beneficios, como el seguro de separación individualizado y cajas de ahorro especiales, con el fin de cumplir rigurosamente con lo dispuesto en los artículos 1 y 16 de la mencionada ley.
Además, ha requerido ser inscrita en el ISSSTE, amparándose en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esta petición busca alinear su situación laboral y de seguridad social con lo estipulado para los trabajadores del Estado.
Este inusual movimiento de la ministra Batres Guadarrama no solo aborda la equidad salarial, sino que también destaca su compromiso con los principios de austeridad y transparencia en el servicio público, desencadenando un debate significativo en torno a las percepciones económicas dentro del poder judicial mexicano.
La iniciativa de la ministra podría sentar un precedente y generar una reflexión profunda sobre la estructura salarial y las políticas de remuneración en el ámbito gubernamental, promoviendo un enfoque más equitativo y transparente en la distribución de ingresos entre los funcionarios públicos en México.