¿Qué propone la iniciativa de corrupción inmobiliaria en Baja California?
El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una reforma al Código Penal del Estado de Baja California para tipificar la corrupción inmobiliaria como delito grave, con sanciones que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
La propuesta busca frenar las prácticas que atentan contra el patrimonio de las familias y que han afectado el derecho a una vivienda digna en el estado.
Según el legislador, este delito incluye tanto a funcionarios públicos como a particulares que participen en actos de colusión para promover edificaciones ilegales o construir sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.
¿Cómo se castigará la corrupción inmobiliaria según la reforma?
La reforma plantea penas de 10 a 20 años de cárcel para quienes cometan actos de corrupción vinculados con el desarrollo inmobiliario, incluyendo fraude, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias.
Además, cuando estas conductas afecten directamente el derecho de propiedad sobre una vivienda, las sanciones por los delitos mencionados podrán duplicarse, dada la gravedad de dejar a una persona sin hogar.
“Para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere planeación y la participación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan y toleran el delito”, explicó Cantón Rocha.
¿Por qué se impulsa esta reforma penal en Baja California?
La propuesta responde a casos documentados en México y Baja California, donde redes conocidas como el ‘cártel del despojo’ han operado durante años sin consecuencias.
Estas estructuras, integradas por particulares y servidores públicos, manipulan documentos, registros y procedimientos legales para despojar a familias de sus hogares.
Con esta reforma, el Congreso busca cerrar espacios a la impunidad y enviar un mensaje contundente: en Baja California, la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y será tratada como un delito grave.
¿Qué impacto tendrá esta medida en la ciudadanía?
De aprobarse, la iniciativa fortalecerá la protección del patrimonio de las y los bajacalifornianos, garantizando el acceso a una vivienda segura y legal.
Además, busca restaurar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y establecer sanciones ejemplares para quienes se beneficien del despojo o la manipulación del sistema inmobiliario.
¿Cuándo podría aprobarse la reforma?
La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado de Baja California, y se espera que sea analizada en las próximas sesiones legislativas.
De recibir el respaldo necesario, la reforma podría entrar en vigor a partir del próximo año, integrándose de manera formal al Código Penal estatal.
“Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”, subrayó el diputado Cantón Rocha.
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