El sector inmobiliario de Tijuana enfrenta uno de sus episodios más polémicos tras las múltiples denuncias contra Grupo Concordia Tijuana. Decenas de compradores se manifestaron en la Zona del Río acusando a la empresa de un presunto fraude en la venta de terrenos. La exigencia es clara: devolver el dinero o entregar los lotes adquiridos. El caso, que continúa escalando, expone fallas profundas en la transparencia y en la seguridad jurídica de la región.
Qué detonó las denuncias contra Grupo Concordia Tijuana
Los testimonios de los afectados revelan un patrón que combina falta de comunicación, incumplimientos contractuales y cambios inesperados en la titularidad de los terrenos. En el fraccionamiento El Edén, Eréndira se convirtió en uno de los rostros más visibles del conflicto. Ocho años después de comenzar a pagar su lote y liquidarlo, descubrió que la propiedad aparece a nombre de otra persona: Mario Placencia, quien asegura que la empresa nunca tuvo facultades para vender ese terreno.
Intentos de contacto fallidos, promesas de respuesta en nueve meses y evasivas por parte de los representantes Fernando Serrano y Sergio Herrera han fortalecido la frustración de quienes confiaron en la inmobiliaria. El caso de Eréndira refleja el núcleo del problema: la incertidumbre jurídica sobre predios que los clientes ya pagaron.
Cómo vivieron el conflicto clientes de otros fraccionamientos
El caso de Ana Paola Silva Rey y su esposo, compradores de un lote en Privadas del Rosario, Santa Fe, sigue una línea similar. Tras pagar alrededor de 400 dólares mensuales durante más de dos años, se encontraron con un cambio de nombre del proyecto y la promesa de reubicación. Pese a lo estipulado en su contrato —la devolución del dinero si no recibían el lote en tres meses—, la empresa no cumplió con lo firmado.
Estos testimonios, sumados a otros que continúan surgiendo, han movilizado a más afectados tanto en Tijuana como en Rosarito, todos con una exigencia común: transparencia, legalidad y reparación.
Por qué crece la presión social y legal en Tijuana
La indignación generada por los casos ha impulsado a los afectados a organizarse, documentar sus experiencias y buscar apoyo mediático. La falta de respuestas formales por parte de Grupo Concordia ha fortalecido la idea de proceder legalmente para recuperar su patrimonio.
Este escenario ha despertado alertas en el sector inmobiliario local. En una ciudad con alta demanda de vivienda y terrenos, la confianza en las inmobiliarias es clave. El presunto fraude ha encendido preocupaciones sobre la seguridad jurídica y sobre los mecanismos de supervisión que deberían proteger a los compradores.
Dónde puede derivar este conflicto en las próximas semanas
El avance del caso dependerá tanto de la postura que adopte la empresa como de la intervención de las autoridades de Tijuana y Baja California. Si la presión ciudadana continúa aumentando, podría acelerarse la apertura de investigaciones formales y una posible revisión administrativa de los proyectos involucrados.
Para los compradores, la prioridad hoy es evidente: recuperar su inversión, obtener certeza jurídica y evitar que más familias enfrenten una situación similar.
Las denuncias contra Grupo Concordia Tijuana han exhibido la fragilidad del mercado inmobiliario cuando no existe claridad en los procesos. Los testimonios de los afectados, reforzados por sus manifestaciones, están impulsando un movimiento que busca justicia y cambios estructurales en la forma de comercializar terrenos en la región.
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