Inhabilitación de Jaime Bonilla: qué implica la sanción

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La inhabilitación de Jaime Bonilla marca un nuevo episodio en la política de Baja California. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió sancionar al exgobernador con la prohibición de ocupar cargos públicos durante un periodo de tres años, tras detectar irregularidades cometidas durante su administración. La resolución fue dada a conocer por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, luego de una denuncia presentada desde 2021.

Esta decisión no solo involucra a Jaime Bonilla Valdez, sino que también alcanza a varios exfuncionarios de su gobierno. El caso se vincula con presuntas anomalías en un proyecto de gran escala que habría generado un fuerte impacto en las finanzas públicas estatales.

¿Qué resolvió el TEJA sobre la inhabilitación de Jaime Bonilla?

El TEJA determinó que Jaime Bonilla incurrió en conductas administrativas graves durante su gestión como gobernador de Baja California. Como consecuencia, la autoridad ordenó su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión dentro del servicio público por un lapso de tres años.

La sanción fue notificada oficialmente por la Secretaría de Anticorrupción del Estado, dependencia que impulsó la denuncia inicial. Este procedimiento administrativo se originó en septiembre de 2021 y avanzó tras la revisión de contratos y decisiones tomadas durante el mandato del exgobernador.

Además, el tribunal incluyó en la resolución a otros integrantes de su administración, quienes también habrían participado en las irregularidades señaladas.

¿Cuáles fueron las irregularidades atribuidas a la administración de Bonilla?

Las acusaciones están relacionadas con un proyecto para la construcción de una planta fotovoltaica que estaría a cargo de la empresa Next Energy. De acuerdo con las autoridades estatales, el esquema presentado habría provocado un daño significativo a las finanzas públicas.

Según la investigación administrativa, las irregularidades incluyen decisiones que comprometían recursos del estado sin las garantías legales necesarias. Por lo tanto, el caso se convirtió en uno de los más relevantes en materia de rendición de cuentas en Baja California en los últimos años.

Estas acciones motivaron no solo sanciones administrativas, sino también denuncias de carácter penal ante instancias federales.

¿De qué se le acusa penalmente a Jaime Bonilla?

Además de la inhabilitación administrativa, la administración encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó denuncias penales contra Jaime Bonilla y varios exfuncionarios. El señalamiento principal es por un presunto daño al erario público estimado en alrededor de 12 mil millones de pesos.

Las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incluyen delitos como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.

Adicionalmente, el exgobernador acumula al menos cinco denuncias más en su contra. Entre ellas, figuran acusaciones por peculado y por violencia política en razón de género en contra de su sucesora en el cargo.

¿Qué implica legalmente la inhabilitación para un exfuncionario?

La inhabilitación de Jaime Bonilla significa que, por resolución de una autoridad competente, se le prohíbe ejercer cualquier empleo o comisión dentro del servicio público durante el plazo establecido. Esta medida aplica tanto para cargos federales, estatales o municipales.

De acuerdo con los principios del servicio público en México, los funcionarios deben conducirse bajo criterios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Cuando estas obligaciones se incumplen, la ley contempla diversas sanciones que van desde amonestaciones hasta sanciones económicas e inhabilitaciones temporales o permanentes.

En este caso, la medida impuesta por el TEJA busca impedir que el exgobernador ocupe posiciones de poder mientras se resuelven los procesos legales derivados de su gestión.

¿Puede Jaime Bonilla apelar la sanción del TEJA?

A pesar de la resolución emitida, Jaime Bonilla aún cuenta con la opción legal de impugnar la decisión. El exgobernador puede presentar un recurso de apelación o acudir a otras instancias judiciales para intentar revertir o suspender la inhabilitación.

No obstante, mientras no exista una resolución favorable en su contra, la sanción permanece vigente. Por lo tanto, Bonilla no puede ser designado, contratado ni ejercer funciones dentro del servicio público durante el periodo determinado.

En definitiva, la inhabilitación de Jaime Bonilla representa un caso emblemático sobre el alcance de las sanciones administrativas en México. El desenlace de las apelaciones y denuncias penales será clave para definir el futuro político y legal del exgobernador, así como el mensaje institucional sobre combate a la corrupción en Baja California.