¿Te pueden quitar la ciudadanía? Entérate ahora
Una nueva directiva del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha encendido las alarmas entre millones de ciudadanos naturalizados. Emitida el 11 de junio de 2025, esta política establece como prioridad civil la desnaturalización de personas que hayan obtenido la ciudadanía estadounidense mediante fraude o que hayan cometido delitos graves.
¿Qué cambia con la nueva política del DOJ?
El memorando interno, firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, instruye a la División Civil del DOJ a priorizar todos los procedimientos de desnaturalización civil permitidos por la ley y respaldados por pruebas. Esto significa que, a partir de ahora, el gobierno federal enfocará sus esfuerzos en investigar y revocar la ciudadanía de quienes representen un riesgo o hayan mentido en sus procesos migratorios.
¿Quiénes están en riesgo de perder su ciudadanía?
La nueva política detalla diez categorías prioritarias para aplicar la revocación:
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Personas con vínculos con el terrorismo, espionaje o exportación ilegal de tecnología.
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Involucrados en crímenes de guerra, tortura o violaciones a derechos humanos.
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Miembros de pandillas, cárteles o redes criminales internacionales.
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Aquellos que ocultaron delitos durante su naturalización.
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Acusados de trata de personas, abuso sexual o violencia grave.
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Autores de fraude financiero al gobierno (PPP, Medicaid, Medicare).
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Infractores por fraude contra particulares o empresas.
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Casos de corrupción o falsificación en el proceso de ciudadanía.
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Personas con cargos penales pendientes.
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Cualquier otro caso que el DOJ considere prioritario.
¿Cómo se aplicará la desnaturalización civil?
A diferencia de un juicio penal, el proceso será civil, lo que reduce el estándar de prueba requerido. El gobierno solo necesitará presentar evidencia “clara y convincente” y el acusado no contará con derecho automático a un abogado público. Esto facilitará al DOJ avanzar rápidamente con los casos.
Uno de los primeros casos es el de un ciudadano británico-estadounidense cuya ciudadanía fue revocada por ocultar antecedentes de abuso infantil. La medida ha generado preocupación entre organizaciones civiles, especialmente porque hay 24.5 millones de naturalizados en el país, quienes podrían enfrentar escrutinio bajo estos nuevos lineamientos.
Una política que podría tener consecuencias masivas
Aunque el DOJ afirma que esta estrategia busca proteger la integridad del sistema de inmigración, voces como el National Immigration Forum advierten sobre el posible uso excesivo de esta herramienta. La falta de claridad sobre los límites del proceso abre la puerta a errores o abusos que podrían afectar a personas inocentes.
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