Una investigación publicada por The New York Times asegura que al menos una decena de políticos mexicanos habrían comenzado a colaborar discretamente con autoridades de Estados Unidos, en un movimiento que podría modificar el rumbo de diversas investigaciones relacionadas con el crimen organizado y la política mexicana.
La información surge en medio del endurecimiento de la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump, que ha incrementado las investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, particularmente el cártel de Sinaloa. Hasta el momento, ninguna autoridad de ambos países ha confirmado oficialmente estas versiones.
The New York Times habla de una decena de políticos mexicanos involucrados
De acuerdo con el reportaje, al menos diez funcionarios electos habrían establecido contacto con autoridades estadounidenses para convertirse en informantes. El medio señala que varios de ellos pertenecen al partido actualmente en el poder.
Según la publicación, estos acercamientos se habrían realizado de manera voluntaria y confidencial con el objetivo de adelantarse a posibles investigaciones que eventualmente pudieran involucrarlos.
Aquí el dato que lo cambia todo: el reporte sostiene que algunos funcionarios decidieron proporcionar información sobre otros integrantes de su propio partido, buscando reducir los riesgos legales que enfrentan conforme avanzan las indagatorias.
La DEA intensificó contactos con funcionarios mexicanos durante las investigaciones
El medio estadounidense también afirma que la Administración para el Control de Drogas (DEA) habría intensificado durante los últimos meses los esfuerzos para establecer comunicación con funcionarios mexicanos susceptibles de colaborar con las investigaciones.
La publicación explica que esta estrategia busca obtener información privilegiada sobre posibles redes de corrupción y presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado.
La cifra mencionada por el diario es relevante porque refleja un cambio en la forma en que las autoridades estadounidenses estarían desarrollando sus investigaciones, privilegiando la cooperación directa con funcionarios mexicanos.
Rubén Rocha Moya aparece mencionado en el reporte publicado
Uno de los nombres que aparece dentro del reportaje es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según el medio, habría sido incluido entre las personas cuya detención con fines de extradición fue solicitada por autoridades estadounidenses.
Sin embargo, el mismo reporte señala que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó dichas solicitudes al considerar que no existen pruebas suficientes que justifiquen una acción de esa magnitud.
De acuerdo con la publicación, la mandataria sostuvo que aceptar una petición de este tipo sin evidencias representaría una intervención indebida en los asuntos internos de México.
Claudia Sheinbaum rechaza solicitudes por falta de pruebas
El reportaje cita la postura de la presidenta mexicana, quien sostiene que las autoridades estadounidenses no han presentado elementos suficientes para justificar la detención de funcionarios mexicanos.
Esa posición habría provocado diferencias dentro del propio gabinete federal, donde algunos integrantes considerarían conveniente fortalecer la cooperación con Estados Unidos, mientras otros mantienen una postura más reservada respecto a la participación de agencias extranjeras.
Esto podría influir directamente en la relación bilateral entre ambos países, especialmente en temas relacionados con seguridad, combate al narcotráfico y cooperación judicial.
Las autoridades aún no confirman la información publicada por el diario
Pese al impacto internacional que ha generado el reportaje, ni el Gobierno de México ni las autoridades estadounidenses han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan el contenido de la investigación.
Por ahora, toda la información proviene del trabajo periodístico publicado por The New York Times, que cita fuentes familiarizadas con las investigaciones, aunque sin revelar públicamente su identidad.
Mientras no exista una postura oficial o la presentación de pruebas por parte de las autoridades competentes, las afirmaciones deben entenderse como parte de un reporte periodístico y no como hechos judicialmente acreditados. La atención ahora se centra en si durante los próximos días alguno de los gobiernos involucrados responderá a las revelaciones que han colocado nuevamente la cooperación entre México y Estados Unidos en el centro del debate político.
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