Demandan a Trump por visas: la batalla legal que define el futuro de estudiantes y periodistas en EE.UU.
Demandan a Trump por visas ocho organizaciones de educadores y sindicatos en un intento por frenar una norma migratoria que, según sus impulsores, busca “proteger la seguridad nacional”, pero que los demandantes califican como un ataque directo a la educación superior y la libertad de prensa. La demanda, presentada el 18 de agosto ante un tribunal federal de Massachusetts, busca suspender la nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que elimina el sistema de “duración de estatus” (“duration of status”) para estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros.
La norma, que entraría en vigor el 15 de septiembre de 2026, establece que los estudiantes con visa F y los participantes de intercambio con visa J serán admitidos por un máximo de cuatro años por periodo, con posibilidad de solicitar prórrogas. Para los periodistas con visa I, el límite sería de 240 días, y para aquellos con pasaportes de la República Popular China —excluyendo Hong Kong y Macao— el plazo se reduce a 90 días.
La coalición que desafía a la administración Trump
La demanda fue presentada por ocho asociaciones, entre ellas la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), el American Council on Education (ACE), la Asociación Estadounidense de Universidades (AAU) y los sindicatos The NewsGuild-CWA y la Federación Estadounidense de Maestros (AFT). Los demandantes argumentan que el DHS no siguió los procedimientos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo y no evaluó adecuadamente los costos y beneficios de la medida.
Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, calificó la norma como una “solución en busca de un problema” y advirtió que “podría afectar las contribuciones de los estudiantes internacionales a los campus, la economía y la seguridad nacional”. Por su parte, Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, afirmó que la medida representa “otro intento de la administración de limitar la labor de periodistas internacionales”.
El fin del “duration of status”: un cambio de paradigma
Hasta ahora, los estudiantes internacionales en EE.UU. podían permanecer en el país mientras mantuvieran su estatus de estudiante a tiempo completo, sin un límite temporal fijo. La nueva norma reemplaza ese sistema por plazos rígidos. Según documentos presentados en la demanda, el tiempo promedio para obtener un título universitario es de 4.33 años, y para un doctorado, de 7.3 años. Esto significa que muchos estudiantes no podrían completar sus programas sin solicitar prórrogas, un proceso que el DHS no ha garantizado que sea ágil o accesible.
El impacto económico: hasta $400,000 millones anuales en riesgo
Un estudio del Peterson Institute for International Economics (PIIE), publicado en junio de 2026, estima que la pérdida de estudiantes internacionales podría reducir el PIB de EE.UU. entre $200,000 y $400,000 millones anuales, equivalente al 0.7% y 1.3% del PIB. La investigación, encargada por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, advierte que los estudiantes internacionales son “una fuente clave de trabajadores altamente calificados en ciencia e ingeniería, y por lo tanto de innovación y crecimiento en la economía estadounidense”.
Las proyecciones para el próximo año indican una caída del 10% en las admisiones internacionales, con un desplome del 21% en las solicitudes de doctorado. La plataforma de empleo Handshake reportó que la proporción de ofertas de trabajo que ofrecen patrocinio de visa cayó al 2.3% en 2026, aproximadamente una quinta parte del nivel de 2023. Universidades de todo el país ya están recortando programas y aumentando matrículas para compensar la caída en la matrícula internacional.
El costo para los periodistas: libertad de prensa bajo amenaza
La norma también afecta a los periodistas extranjeros, cuyo visado I —que actualmente puede durar años— quedaría limitado a 240 días, o 90 días para ciudadanos chinos. Organizaciones de libertad de prensa han advertido que estas restricciones podrían tener un “efecto desalentador” sobre la labor periodística. En un informe de amicus curiae, el Reporters Committee for Freedom of the Press argumentó que “la amenaza de detención indefinida puede desalentar a muchos periodistas no ciudadanos de informar sobre asuntos de interés público”.
Evelyn Douek, profesora de la Facultad de Derecho de Stanford y experta en la Primera Enmienda, ha explorado la “ironía de enseñar protecciones de libertad de expresión mientras el gobierno de EE.UU. detiene o deporta a no ciudadanos por participar en protestas o periodismo estudiantil”. El caso del Stanford Daily, que demandó a la administración Trump por políticas migratorias que, según los demandantes, han silenciado a periodistas y estudiantes no ciudadanos críticos con la política exterior de EE.UU., podría sentar un precedente legal sobre los derechos constitucionales de los periodistas no ciudadanos.
El Departamento de Seguridad Nacional defiende la norma
El DHS ha defendido la regulación argumentando que los plazos fijos permitirán “realizar evaluaciones periódicas para verificar que los extranjeros continúan cumpliendo las condiciones de sus visas” y “ayudarán a combatir posibles fraudes”. Sin embargo, en el proceso de elaboración de la norma, el propio DHS reconoció que “la matrícula de estudiantes extranjeros en instituciones educativas de EE.UU. podría disminuir debido a esta norma, pero no puede cuantificar el alcance de esta disminución”.
El calendario judicial: una carrera contrarreloj
La demanda fue presentada el 18 de agosto de 2026. Los demandantes han solicitado una orden judicial preliminar para bloquear la entrada en vigor de la norma el 15 de septiembre. Si un juez federal no emite esa orden, la norma comenzará a aplicarse en menos de un mes, afectando a miles de estudiantes y periodistas que actualmente se encuentran en EE.UU. bajo el sistema de “duration of status”.
Las consecuencias de una decisión histórica
Demandan a Trump por visas no es solo un litigio más. Es una batalla que define cómo EE.UU. se relaciona con el mundo en materia educativa y de libertad de prensa. Los estudiantes internacionales aportan más de $40,000 millones anuales a la economía estadounidense y son responsables de una parte significativa de la investigación científica del país. Los periodistas extranjeros, por su parte, son una pieza clave en el ecosistema informativo global.
La decisión del tribunal federal de Massachusetts no solo determinará el destino de miles de estudiantes y periodistas, sino que también enviará una señal sobre el rumbo que tomará la política migratoria de EE.UU. en los próximos años. Mientras tanto, la comunidad académica y los defensores de la libertad de prensa esperan que la justicia frene lo que consideran un exceso de la administración Trump.
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