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Nuevo gobierno detecta corrupción por 17 mil millones de pesos en el aeropuerto ya suspendido

de RevuTJ
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Autoridades federales investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL detallan que el desvío investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR), involucra a Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director General de Administración de GACM, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.

De acuerdo con un informe rendido por la Policía Federal, que derivó de la investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el ex director del GACM, Federico Patiño, la institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM mediante la compra de materiales para construcción, como tezontle y basalto, sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con González Apaolaza que no cumplieron con las normas de calidad requeridas para la obra.

El informe, con fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM mediante el oficio número PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya se encontraba en funciones el actual director, Gerardo Ferrando Bravo, a quien se buscó para cuestionarle sobre la existencia de la investigación. Al cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta.

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Patiño dijo a EL UNIVERSAL que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, mismo que decidió enviar al OIC de grupo aeroportuario.

“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías [para] que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, dijo.

La autenticidad del documento fue verificada con la encargada de la investigación, cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, en la propia Policía Federal. Además, la oficial a cargo de la indagatoria envió copia del informe al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, quien confirmó a EL UNIVERSAL que lo recibió y ordenó dar vista a la PGR.

El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.

“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento”.

“Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.

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El último clavo en el ataúd del proyecto Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de México lo colocaron, paradójicamente, los inversionistas extranjeros que habían apostado a su financiamiento, al aceptar las condiciones de recompra o amortización de los papeles emitidos, aunque falta aún el sí de los adquiridos por nacionales vía Fibra E

“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo”, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.

De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.

Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.

De acuerdo con la PF, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.

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De las irregularidades observadas por la Policía Federal, la investigación incluyó una revisión en las declaraciones patrimoniales de ex funcionarios de GACM en las que detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad. Se señala que Apaolaza incurrió en conflicto de interés al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), cuyo líder es Máximo Telmo Reyes Vilchis, al igual que Humberto Pérez Piedra, coordinador de GACM, quien sostuvo diferentes reuniones con Hugo Bello Valenzo, líder del Sindicato Libertad.

Dichas organizaciones, según el documento, son las que controlaban la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría el NAIM.

Con información del Universal

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